El debate se centró en la posible protección política que habría recibido Barrelier, el acusado en el caso Agostina, debido a sus conexiones con organizaciones peronistas y una barra brava de Instituto de Córdoba. Se mencionó que parte de esta barra brava fue nombrada en la Municipalidad de Córdoba en la Dirección de Tránsito por un diputado.
Se cuestionó por qué el gobernador de Córdoba y el intendente Daniel Passerini, ex vicegobernador, aún no se han pronunciado sobre el tema, sugiriendo que "no puede" o "no sabe qué decir". Se afirmó que personas vinculadas a Barrelier trabajaban en la Municipalidad de Córdoba y que incluso algunos entraron a planta permanente, aunque luego fueron despedidos.
La discusión apuntó a la "impunidad" que podría haber tenido Barrelier, insinuando que alguien lo "cuidaba" para que no se sospechara de sus actividades. Se hizo referencia a encuestas que realizaba Barrelier y su pertenencia a las 62 organizaciones peronistas en Córdoba.