La opinión pública se muestra dividida ante la posibilidad de la pena de muerte para delincuentes. Algunos comentarios de la gente expresan un profundo cansancio y la demanda de medidas drásticas, como la pena de muerte o perpetua, argumentando que los delincuentes son "parásitos" que cuestan mucho dinero al Estado.
Otros, sin embargo, defienden la democracia y los derechos humanos, recordando que la pena de muerte no está vigente y que no se debe caer al nivel de los delincuentes. Se plantea la necesidad de un sistema judicial que funcione correctamente y que no se base en discursos de odio.