Se cuestiona la decisión del fiscal de no activar el protocolo SOFIA, una medida de alerta temprana para casos de desaparición de menores. La ley establece que la alerta se activa ante una denuncia y se desactiva cuando el menor aparece.
El fiscal argumentó que la activación del protocolo era una medida excepcional y que no se debían utilizar los recursos del Estado. Sin embargo, se señala que el fiscal mintió sobre el horario de ingreso de la denuncia y su notificación.
Se critica la potestad del fiscal para decidir cuándo activar la alerta, argumentando que la ley es clara al respecto y que el fiscal no debió haber victimizado a la menor al sugerir que se había ido con un "noviecito".