Se investigan contratos millonarios entre empresas vinculadas a la esposa de Manuel Adorni y el Estado, incluyendo AISA, Aerolíneas Argentinas y YPF. Los montos superan los 6 millones de pesos y se dieron en 2024 y 2025, coincidiendo con la creciente influencia de Adorni en el gabinete.
Se investigan delitos como el cohecho (sobornos) y la creación de nuevas empresas sin antecedentes para facturar al Estado. La justicia envió notificaciones a las empresas involucradas para recabar información sobre los cursos presuntamente brindados por la empresa de la esposa de Adorni.
Paralelamente, se denuncian recortes en sectores sensibles como educación y salud, bajo el argumento de que "no hay plata". Los investigadores señalan la contradicción de utilizar el Estado para beneficio propio mientras se restringen fondos para áreas esenciales.
También se investiga si la esposa de Adorni cuenta con custodia privada de la Policía Federal sin justificación. El caso pone en evidencia el uso del Estado para beneficio personal, contrastando con las críticas previas de funcionarios hacia el mismo.