Se expone una presunta red de impunidad en Córdoba, donde fiscales como Rodríguez, que liberó a Barrilier (implicado en un femicidio), son premiados con cargos superiores, mientras que la justicia parece actuar en contra del sentido común.
Se denuncia que la legislatura de Córdoba, bajo la propuesta del gobierno de Martín Yara, ascendió a Rodríguez a procurador del servicio penitenciario con un sueldo de 17 millones de pesos, a pesar de su cuestionada actuación en casos anteriores, como la muerte de bebés en un hospital.
La situación genera un "quilombo político" en Córdoba, afectando las aspiraciones de figuras como el ministro de seguridad Quintero, quien iba a ser candidato a intendente. Se sugiere que la lentitud en la aparición pública de Quinteros y la respuesta policial ante el caso Barrilier podrían estar vinculadas a intereses políticos.