Se critica al gobierno por desmantelar las políticas de asistencia a víctimas de violencia de género y la justicia por su lentitud en incorporar la perspectiva de género.
Se señala que el Estado decide dónde estar presente, priorizando eventos como finales de fútbol sobre la seguridad de las personas. Se menciona el proyecto de ley de Carolina Lozada que buscaba penalizar falsas denuncias, a pesar de que estas son marginales.
Se advierte sobre la normalización de la violencia y la falta de empatía en la sociedad, lo que agrava la situación de las víctimas, especialmente en casos como el de Agostina.