Se critica al gobierno por desmantelar las políticas de asistencia a víctimas de violencia de género, señalando que el Estado decide dónde estar presente, priorizando eventos como finales de fútbol sobre la seguridad ciudadana.
Se menciona el proyecto de ley de Carolina Lozada que buscaba penar las falsas denuncias de violencia de género, a pesar de que las estadísticas indican que estas son marginales (0,09%).
Se subraya la gravedad de que estos hechos ocurran en un contexto de gobierno ausente y falta de políticas públicas de género, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas.