Se cuestionó la práctica de concejales que actúan como abogados defensores de personas acusadas de delitos, especialmente en casos de violencia de género.
Se planteó la incompatibilidad ética y de intereses entre el ejercicio de la abogacía penalista y la función pública, sugiriendo que esto podría llevar a conflictos.
Además, se criticó la posible designación de empleados públicos por amistad o favoritismo con concejales, en lugar de basarse en la eficiencia.