Se denuncia una presunta red de corrupción que involucraría al asesino de Agostina, Barrelier, con sectores del poder político y judicial en Córdoba. Se mencionan vínculos con el municipio y la protección de un diputado.
Se critica la inacción de las autoridades y la falta de resolución de casos en la provincia, generando un profundo enojo en la ciudadanía. El ministro de seguridad Juan Pablo Quintero y el fiscal Raúl Garzón son señalados por su desempeño.
Se anuncia una marcha para el miércoles en memoria de Agostina y de todas las mujeres víctimas de femicidio, exigiendo justicia y el fin de la violencia de género.