Se debate la ineficacia de la justicia y la falta de políticas públicas para prevenir la violencia de género en Argentina, a pesar de la existencia de leyes y herramientas.
Se mencionan 3.205 víctimas letales de violencia de género desde 2015, y se critica la decisión del gobierno actual de desfinanciar estas políticas. Se insta a transformar la indignación en exigencia de presupuesto para abordar estas violencias.
La discusión también aborda la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela para la capacitación de funcionarios y la formación de nuevas generaciones con vínculos más sanos.
Se critica la tendencia a la "mano dura" y el punitivismo del discurso político, que a menudo prioriza la propiedad privada sobre la vida de las mujeres. Se señala la necesidad de que los varones se involucren activamente en la erradicación de la violencia de género.