Se debate la actuación de la justicia en el caso de Agostina Vega, especialmente la tardía aplicación de la Alerta Sofía y la falta de acción inmediata por parte del poder judicial provincial. Se critica la postura del fiscal y se cuestiona la politización del caso, argumentando que los funcionarios públicos y políticos intervienen en decisiones judiciales.
La figura de Ricardo Moreno, concejal y referente del peronismo cordobés, vuelve a ser central en la discusión. Se enfatiza que su rol como funcionario público lo vincula directamente con el caso y que las decisiones que toma tienen implicaciones políticas. Se cuestiona la idea de que hablar de estas conexiones sea "politizar" un caso, cuando se trata de funcionarios que inciden en el sistema judicial.