Se critica la tardía implementación de la Alerta Sofía en el caso Agostina, sugiriendo que la política es responsable de la accionar de las fuerzas de seguridad. Se menciona que el fiscal, a pesar de dedicar tiempo a los medios, pertenece a la justicia argentina, calificada como el poder más nefasto y corrupto del país.
Se insta a aprovechar estos casos para exigir justicia, no solo cuando afecta a figuras políticas, sino a ciudadanos comunes. Se resalta el desafío para la policía de Córdoba, que debe demostrar ser más hábil que solo cobrar multas.