Se aborda la disparidad en las jurisdicciones argentinas respecto a la capacitación judicial. Mientras algunas provincias cuentan con escuelas de formación y capacitaciones obligatorias, otras carecen de ellas. Se señala que las designaciones judiciales a menudo responden a intereses políticos en lugar de concursos de mérito.
Se relata la experiencia en un concurso para defensor de víctimas, que tuvo que ser declarado desierto. También se menciona el manejo político en la conformación del Consejo Consultivo del Senado para la Defensoría de Niños y Adolescentes. Se concluye que, si bien existen problemas, la cuestión humana es perfectible y la formación y capacitación son siempre beneficiosas.