Se cuestiona la interpretación del fiscal sobre el protocolo SOFIA, considerándolo una medida excepcional en lugar de una alerta temprana.
Se argumenta que el protocolo SOFIA busca activar la estructura del Estado a través de organismos para prevenir femicidios.
Se señala que el fiscal no activó el protocolo SOFIA, argumentando que la desaparición de Agostina no era una situación de riesgo de vida inminente, lo cual contradice el propósito de la ley.