Se analiza la suspensión de la marcha en reclamo de justicia por Agostina, solicitada por el abogado de la familia, argumentando la necesidad de no interferir con las pericias en curso. Se sugiere que esta decisión podría tener motivaciones políticas para evitar que el caso afecte al gobernador.
Se plantea que la clase política podría estar intentando "enfriar" la situación para prevenir repercusiones negativas, especialmente considerando la viralización de estos casos a través de las redes sociales, lo que ata a los políticos a hechos que podrían llevarlos a perder sus cargos.