Se profundiza en la responsabilidad del fiscal Iván Rodríguez en la liberación de Barrelier, principal sospechoso del femicidio de Agostina. Se le acusa de negligencia e imprudencia por conceder la libertad bajo fianza a pesar de los antecedentes del imputado.
Se revela que Barrelier tenía antecedentes por abuso sexual y violencia de género, y que incluso había sido contratado por la municipalidad de Córdoba a pesar de su historial delictivo. Se cuestiona la protección política que habría recibido.
El caso pone de manifiesto las fallas del sistema judicial y la impunidad que rodea a los agresores de género. Se exige justicia para Agostina y se pide la destitución de los funcionarios responsables.