Se debate si el caso de Agostina debe ser clasificado como feminicidio, argumentando que la condición de mujer de la víctima es primordial y debe ser investigada como tal según protocolos de la ONU.
Se critica la lentitud del Estado y del poder judicial, que demoraron en actuar y en clasificar el caso correctamente, convirtiéndose en cómplices.
Se señala que la entrevista al fiscal mostró una actitud de autoritarismo y falta de aceptación de críticas, similar a discursos de Mussolini.
Se cuestiona la actuación de la fiscalía y se insinúa que podrían estar encubriendo aspectos más graves del caso.