La promulgación de una nueva ley en Bolivia, que faculta al presidente Rodrigo Paz a declarar estado de excepción sin restricciones automáticas, genera debate. La Constitución Política del Estado de 2019 aún requiere que cualquier declaratoria sea emitida por decreto y aprobada por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
Esta medida surge en un contexto de creciente presión política por parte de diversos sectores sociales que tienen paralizada la ciudad de La Paz. Se cumple un paro indefinido de transportistas, mientras otros exigen la renuncia del presidente. Organizaciones han alertado sobre el posible uso de la norma para vulnerar derechos humanos, pero los manifestantes anuncian resistencia.
El presidente Rodrigo Paz ha manifestado su intención de agotar los esfuerzos de diálogo para evitar recurrir al estado de excepción. Rodrigo Paz asumió la presidencia hace seis meses en un contexto de profunda polarización y alta conflictividad social. Su base de apoyo muestra fisuras ante el incremento de las medidas de presión.
El gobierno intenta implementar medidas para paliar la crisis económica, como normativas para controlar el alza de precios de alimentos y el problema de la gasolina. Sin embargo, los problemas persisten, con largas filas de vehículos buscando combustible. El respaldo de Paz es principalmente institucional.