En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz convocó al diálogo a los líderes bloqueadores, a pesar de que sobre Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana, pesa un pedido de detención.
Paz afirmó que el gobierno cuenta con instrumentos constitucionales para contrarrestar las medidas de presión que ya suman 28 días, generando desabastecimiento y malestar social, especialmente en La Paz y El Alto.
Bolivia promulgó una ley que elimina los límites al estado de excepción, permitiendo al Ejecutivo dotar de poder a las Fuerzas Armadas para reprimir disturbios internos. Esta medida surge en un contexto de protestas y con la solicitud de un préstamo al FMI por 5 mil millones de dólares.