Se debate la necesidad de una investigación proactiva por parte de las fuerzas de seguridad y la justicia para detectar y desarticular la venta de armas en redes sociales, en lugar de actuar reactivamente tras las denuncias.
Se propone la creación de figuras como el "agente provocador" o la modificación del código para permitir que policías se hagan pasar por compradores, facilitando la recolección de pruebas.
Se subraya la importancia de la policía tecnológica y la colaboración con fiscales para ordenar medidas como escuchas telefónicas y secuestro de celulares, permitiendo judicializar estas causas.