Se enfatiza la importancia de la seguridad proactiva y la investigación de oficio para combatir la venta de armas en redes sociales, en contraposición a la actual reactividad de las fuerzas de seguridad.
Se sugiere que la policía tecnológica, en colaboración con los fiscales, debería ser la encargada de detectar estas transacciones ilegales y ordenar las medidas judiciales necesarias, como escuchas y secuestro de dispositivos.
Se plantea la necesidad de modificar la legislación para permitir que los policías actúen como agentes encubiertos en estas investigaciones, facilitando la recolección de pruebas y la judicialización de las causas.