Se cuestiona la inacción de la justicia en el caso Agostina Vega, sugiriendo que la demora en emitir la Alerta Sofía podría deberse a que el fiscal estaba de vacaciones.
Se critica la falta de celeridad, especialmente considerando que los abusos denunciados datan de hace 10 años, lo que implica que el imputado tenía mucho poder para que nadie hablara.
Se enfatiza la gravedad de una desaparición de persona y la obligación de actuar de inmediato, independientemente de fines de semana o feriados.