El Congreso de Bolivia abrió la vía para que el presidente Rodrigo Paz declare estado de excepción, permitiendo el despliegue de fuerzas armadas y la restricción de libertades para frenar las protestas.
La Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba la capacidad presidencial para aplicar estados de excepción, medida ya aprobada por el Senado. Las movilizaciones, que afectan a seis departamentos, cumplen 21 días.