Se reitera la importancia de auditar los fondos públicos, especialmente en las universidades, cumpliendo con el artículo 7 de la ley que establece auditorías obligatorias anuales. Se critica al gobierno por no cumplir con esta disposición y se menciona el retraso en la auditoría de la cuestión de discapacidad, que lleva tres años sin poder completarse.
Se señala que el Estado tiene problemas de funcionamiento y que ninguna auditoría realizada en los últimos tres años ha podido ser terminada. Se enfatiza la necesidad de cumplir con la ley y realizar las auditorías correspondientes en todas las universidades.