El Gobierno Nacional anunció que dejará de subsidiar los pasajes de transporte para personas con discapacidad, tratamientos oncológicos y trasplantados, trasladando la obligación de proveer estos pasajes gratuitos exclusivamente a las empresas de transporte.
Esta medida genera preocupación entre los usuarios, quienes denuncian dificultades y trabas para acceder a estos beneficios, a pesar de ser un derecho adquirido. Los relatos de personas con discapacidad evidencian la complejidad del trámite, la falta de accesibilidad en las terminales y la escasa colaboración de las empresas.
Se cuestiona la falta de empatía y sensibilidad del Estado al desentenderse de su responsabilidad, argumentando que esta decisión podría agravar la situación de los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas y de movilidad.