Las movilizaciones en Bolivia, encabezadas por la Central Obrera Boliviana y sectores afines a Evo Morales, se intensificaron exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las demandas iniciales incluían el incremento salarial y el rechazo a la ley 1720, que se temía pudiera facilitar la venta de tierras originarias y la privatización.
A pesar de los llamados al diálogo por parte del gobierno y la promesa de reducción salarial del presidente Paz, las protestas continúan, evidenciando una profunda crisis institucional y social en el país.