La Unión Europea ha sancionado a 16 funcionarios y 7 entidades rusas acusadas de participar en la deportación, adoctrinamiento y militarización de miles de niños ucranianos hacia territorio ruso o zonas ocupadas. Esta medida profundiza la presión internacional sobre el Kremlin por posibles crímenes de guerra.
Según el Consejo Europeo, más de 20.500 niños ucranianos habrían sido trasladados ilegalmente desde el inicio de la invasión rusa. La UE denuncia una política sistemática para borrar la identidad ucraniana mediante reeducación política, asimilación cultural y entrenamiento militar. Entre las entidades sancionadas se encuentran centros juveniles vinculados al Ministerio de Educación ruso y funcionarios en territorios ocupados.
Las sanciones incluyen congelamiento de activos y prohibición de ingreso a la UE. El gobierno ucraniano sostiene que Rusia intenta modificar la identidad nacional de una generación completa, mientras que Moscú afirma que los traslados fueron evacuaciones humanitarias. Sin embargo, organismos internacionales han documentado traslados forzosos y obstáculos para el retorno de los menores a sus familias, lo que ha llevado a la Corte Penal Internacional a investigar posibles crímenes de guerra.