El programa expuso uno de los capítulos más oscuros de la guerra entre Rusia y Ucrania: el destino de miles de niños ucranianos trasladados forzosamente a territorio ruso o zonas ocupadas.
La Unión Europea sancionó a 16 funcionarios y 7 entidades acusados de participar en la deportación, adoctrinamiento y militarización de menores, en una decisión que profundiza la presión internacional sobre el Kremlin por posibles crímenes de guerra. Se estima que más de 20.500 niños habrían sido trasladados ilegalmente desde el inicio de la invasión.
Bruselas califica esta situación como una política sistemática destinada a borrar la identidad ucraniana mediante procesos de reeducación política, asimilación cultural y entrenamiento militar. Las sanciones incluyen congelamiento de activos y prohibición de ingreso a la UE para los implicados.
El informe recordó la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin y María Belova por presunta deportación ilegal de niños. Moscú, por su parte, afirma que los traslados fueron por motivos humanitarios para proteger a los menores de la guerra.
Se destacó que la disputa por los menores se ha convertido en una prioridad nacional para Ucrania, comparable a la defensa militar, y que se libra también sobre la memoria, la identidad y el futuro de una generación marcada por el conflicto. La supresión de la identidad de estos niños fue comparada con políticas de rusificación de la era soviética.