Bolivia atraviesa la cuarta semana de bloqueos, sin señales de resolución y con una escalada de tensiones. El fin de semana fracasó un intento de la policía y las Fuerzas Armadas por despejar uno de los bloqueos más importantes, que comunica a La Paz con Oruro, una vía clave para la economía boliviana.
En el ámbito legislativo, el Senado aprobó la derogación de una ley de 2020 que dificultaba la aplicación de un estado de excepción. El objetivo es facilitar al presidente Paz la declaración del mismo.
Por su parte, el Comité Cívico pro Santa Cruz, una influyente organización del oriente boliviano, envió un ultimátum al presidente Paz, exigiendo la declaración inmediata de un estado de excepción sectorizado. Advirtieron que, de no actuar el gobierno, el pueblo ejercerá su "legítima defensa".
El Comité Cívico enfatizó que el presidente tiene el mandato constitucional de garantizar el libre tránsito y restablecer el orden público. La presión sobre Paz se intensifica, con el Congreso y sectores económicos poderosos instándolo a actuar, además de un fuerte aval internacional de países vecinos.