La Unión Europea sancionó a 16 funcionarios y 7 entidades acusados de participar en la deportación, adoctrinamiento y militarización de menores ucranianos hacia Rusia o zonas ocupadas, profundizando la presión internacional sobre el Kremlin por posibles crímenes de guerra.
Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2024, más de 20.500 niños ucranianos habrían sido trasladados ilegalmente. La alta comisionada de la UE describió la situación como un robo deliberado de niños para borrar su identidad ucraniana mediante reeducación política, asimilación cultural y entrenamiento militar.
Entre las entidades sancionadas se encuentran centros juveniles vinculados al Ministerio de Educación ruso. Las sanciones incluyen congelamiento de activos, prohibición de financiamiento y veto para ingresar a la UE. El tema de los menores deportados se ha convertido en uno de los principales ejes de disputa.
Moscú afirma que los menores fueron evacuados para protegerlos de la guerra, pero organismos internacionales acumulan pruebas de traslados forzosos y cambios de ciudadanía. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y María Belova por presunta deportación ilegal.
La disputa también se libra sobre la memoria, la identidad y el futuro de una generación marcada por la guerra. Ucrania considera la recuperación de estos niños una prioridad nacional comparable a la defensa territorial, ya que se trata de suprimir la identidad de los menores, tal como señaló la frase de Nelson Mandela sobre la identidad de una nación.