La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dictaminado que la prostitución es una forma de violencia estructural, originada en relaciones de poder desiguales y discriminación de género. El tribunal enfatiza que no se trata de una actividad voluntaria, sino de un sistema que reproduce desigualdades históricas.
Este fallo, celebrado por el movimiento feminista, ha generado preocupación en sectores que defienden el trabajo sexual, como la senadora electa Alejandra Omaña, quienes temen que se extienda la noción de explotación a toda forma de trabajo sexual ejercido por adultos.
En América Latina, las posturas legales sobre la prostitución varían. Mientras países como Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay la legalizan con restricciones, Argentina mantiene un enfoque abolicionista. La falta de una protección legal clara deja a las personas en situación de prostitución en una condición de vulnerabilidad generalizada.