La Corte Suprema de Colombia ha emitido un fallo histórico que define la prostitución como una forma de violencia estructural, derivada de relaciones de poder desiguales y discriminación basada en el sexo.
Este pronunciamiento, que implica un cambio de paradigma, reconoce que la prostitución no es una actividad voluntaria, sino un sistema que perpetúa la desigualdad. En Colombia, más de 40 mil personas se encuentran en situación de prostitución, y el fallo ha sido celebrado por el movimiento feminista, aunque genera preocupación en sectores que defienden el trabajo sexual.
La decisión de la Corte Suprema colombiana contrasta con las diversas legislaciones de la región. Mientras algunos países como Ecuador y Perú la legalizan con restricciones, Argentina mantiene una postura abolicionista. La falta de protección legal clara deja a las personas en situación de prostitución en una condición de vulnerabilidad, según la OEA.