A una década de la aprobación de las uniones civiles en Italia, el país enfrenta una resistencia conservadora por parte del gobierno de Giorgia Meloni, que se niega a legalizar el matrimonio igualitario y deja en desamparo legal a los hijos de parejas homoparentales.
La ley Shiriná, aprobada en 2016, ha permitido a miles de parejas del mismo sexo formalizar sus uniones, registrando más de 24 mil en los últimos años. Sin embargo, el avance se ha estancado bajo el gobierno de Meloni, cuya administración defiende la estructura familiar tradicional y penaliza la gestación subrogada.
A pesar de la hostilidad gubernamental, la sociedad italiana muestra una creciente receptividad hacia la igualdad plena. Encuestas indican que la mayoría de los italianos estarían abiertos al matrimonio igualitario, un escenario impensable hace poco tiempo. La falta de reconocimiento legal pleno para las familias homoparentales y la imposibilidad de recurrir a la fecundación in vitro sitúan a Italia a la zaga de Europa en materia de derechos LGBTI.