El fiscal Garate ordenó la clausura de una clínica, pero la intervención del municipio fue tardía, ya que la fiscalía tuvo que solicitarla. Se sospecha de connivencia entre las autoridades sanitarias municipales y la clínica investigada.
La clínica, con cuatro sedes, ofrecía una amplia gama de servicios médicos y se vendía a gran distancia. La Policía Federal fue convocada para el allanamiento debido a sospechas de connivencia institucional.
Se reportaron irregularidades como la atención a pacientes con problemas cardíacos que resultaron en muertes, y el uso de ambulancias truchas. Además, se menciona que patrulleros policiales acudían al lugar en horarios nocturnos con detenidos, lo que sugiere una posible red de complicidad.