La investigación sobre una organización criminal revela múltiples aristas, incluyendo el robo de medicamentos e insumos médicos por piratería del asfalto, su posterior lavado de dinero y la posible vinculación con la distribución de drogas peligrosas como fentanilo y propofol.
Se destaca la gravedad de la situación, con un negocio millonario oculto tras la fachada de un centro de salud, y se menciona la intervención del fiscal Fernando Garante y el juez de garantía Rubén Ochipinti en los allanamientos.
La organización operaba con robos de sellos médicos, ambulancias de origen desconocido y se sospecha de una red más amplia que podría incluir lavado de dinero y distribución de precursores químicos para la fabricación de drogas.