Se profundiza la investigación sobre la red de "médicos truchos" y su conexión con la piratería del asfalto. El fiscal y el juez determinaron que el dinero obtenido del robo de camiones con mercadería era utilizado para lavar fondos a través de la obra social y las clínicas "truchas".
Seis de los 29 detenidos quedaron presos, mientras que otros cinco están declarando como aprendidos y el resto fue liberado. Los principales implicados, familiares entre sí, poseían antecedentes como piratas del asfalto.
Se cuestiona la inacción de las autoridades durante cinco años, periodo en el que la organización operó impunemente, afectando la salud de la población. La municipalidad se desliga de responsabilidades en la habilitación de la clínica y los médicos, derivando la competencia a las autoridades sanitarias provinciales.