Se cuestionó la narrativa del gobierno de Rodrigo Paz sobre un supuesto golpe de Estado, calificándola como una estrategia para posicionar su incapacidad y desviar la atención del descontento popular. Se retó al presidente a demostrar las acusaciones de que Evo Morales paga a los manifestantes.
Se denunció un "cerco mediático" y la presión del gobierno sobre algunos medios para estigmatizar y satanizar a los movilizados, presentándolos como instigadores de un golpe. Se aclaró que pedir la renuncia de un presidente, como hizo Luis Fernando Camacho en 2019, no constituye un golpe de Estado, sino un ejercicio de democracia participativa.
Se recordó que un golpe de Estado implica la toma del poder por asalto, como ocurrió en 2019. Las protestas actuales, que incluyen bloqueos de caminos en La Paz, son una expresión del pueblo boliviano exigiendo la renuncia de Paz por incumplimiento de promesas y por aplicar un modelo neoliberal.