Se denunció un presunto direccionamiento en la licitación para la privatización de la hidrovía del río Paraná, un negocio estimado en hasta 15 mil millones de dólares.
Se cuestiona la exclusión de empresas de capital estatal, como las chinas, y la supuesta utilización de un informe apócrifo de la ONU para avalar las bases de la licitación.
La licitación, que será por 25 años, permitiría a empresas como Yandenul (asociada a Cargill) y al grupo Román (con vínculos con Mauricio Macri) quedarse con la concesión, generando preocupación por la entrega de soberanía y posibles consecuencias ambientales y de seguridad.