La justicia rechazó una medida cautelar, permitiendo al gobierno avanzar con la última etapa de la licitación de la hidrovía. La decisión judicial se da a pesar de las objeciones presentadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Este avance significa un paso más hacia la concesión de la obra pública por peaje, incluyendo la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, y tareas de dragado de la vía navegable.