Se discute la problemática de los colegios al aplicar regímenes de comunicación y la dificultad para que cumplan con las órdenes judiciales, especialmente cuando uno de los progenitores es violento o alcohólico.
Se señala que los colegios a menudo no comprenden la complejidad de estas situaciones y pueden llegar a entregar a los menores basándose únicamente en una autorización genérica del padre, incluso si existen antecedentes de violencia o consumo problemático.
Se menciona la figura del abogado del niño y la importancia de notificar a los colegios sobre las medidas judiciales para evitar la entrega de los menores en circunstancias de riesgo. La conversación también aborda la falta de respuesta y la burocracia del sistema judicial ante denuncias de violencia doméstica.
La tía de Josefina, Luciana, expresa su preocupación por la desaparición de la niña y la inacción de la justicia, así como el miedo a que el padre, con presuntos contactos y recursos económicos, pueda fugarse del país con la menor.