La crisis de gobernabilidad en Bolivia se agrava, entrando en su tercera semana de disturbios en La Paz. Las manifestaciones, iniciadas el 12 de mayo, han reunido a sectores sindicalistas y mineros que exigen mejoras salariales, soluciones a la escasez de combustible y alimentos, y respuestas ante la inflación.
La situación ha escalado con el uso de dinamitas, petardos y gases lacrimógenos. El presidente Rodrigo Paz se encuentra en una paradoja: mostrar firmeza podría incendiar las calles, mientras que ceder ante las demandas debilitaría su credibilidad económica y política.
Se señala a Evo Morales como el principal instigador de las movilizaciones, a pesar de estar siendo buscado por la justicia. Morales, desde Cochabamba, movilizaría a sus seguidores para presionar por la renuncia de Paz, buscando evitar un eventual proceso judicial en su contra por diversos delitos.
El gobierno boliviano denuncia que dirigentes sindicales y promotores de la violencia están detrás de los disturbios, haciendo un llamado a la calma y al repudio de la violencia armada. Se reportan al menos tres víctimas fatales, y un número considerable de detenidos, además de problemas de desabastecimiento de combustible.