En Bolivia, miles de manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira debido al incumplimiento de promesas electorales y la crítica situación económica. Las protestas, que incluyen bloqueos de rutas y marchas hacia el Palacio de Gobierno, han escalado a enfrentamientos con la policía en La Paz, resultando en varios heridos.
Los manifestantes, provenientes de diversos sectores sociales como la Central Obrera Boliviana y los "Ponchos Rojos", denuncian que el presidente no está gobernando para quienes lo votaron, sino para los sectores adinerados. Señalan una pérdida del 30% en el poder adquisitivo de la población, inflación y escasez de dólares y combustible como principales quejas.
Un punto clave de quiebre ha sido la abrogada Ley 1720, que según las comunidades indígenas y pequeños productores, iba en contra de la propiedad de sus territorios. Además, hay desacuerdo con el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, contradiciendo una promesa de campaña de no recurrir a este organismo.
La situación se agrava con la propuesta de privatizar empresas energéticas y de agua, así como la cesión de litio y otros minerales a manos extranjeras. También se cuestiona la modificación de la Constitución para eliminar el Estado plurinacional y la reducción del número de diputados. El gobierno de Paz Pereira, con solo seis meses en el poder, enfrenta una crisis de legitimidad y descontento generalizado.