Se destapó una nueva modalidad de estafa telefónica que opera desde el penal de Magdalena, con la complicidad de personal del servicio penitenciario. La investigación, a cargo de la DDI de San Isidro y el fiscal Patricio Ferrari, reveló cómo presos utilizaban celulares para cometer fraudes.
La operatoria consistía en publicar alquileres de propiedades en redes sociales y páginas web, cobrando por adelantado y luego desapareciendo. En un caso emblemático, clonaron cuentas de WhatsApp de una víctima, le robaron 490 mil pesos y pidieron dinero a sus contactos.
El cabecilla de la banda, Andrés Grasso, condenado por doble homicidio, operaba desde la cárcel junto a cómplices externos. Otros detenidos en la misma causa son Jonathan Corbalan y Agustina Molina. La investigación resalta la connivencia necesaria para que este tipo de delitos prosperen desde el interior de las prisiones.