Se investiga una nueva modalidad de estafa que opera desde el penal de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Delincuentes utilizan celulares para cometer fraudes, con la presunta complicidad de personal penitenciario.
La investigación, liderada por el fiscal Patricio Ferrari y la DDI de San Isidro, reveló que los reclusos captaban víctimas a través de redes sociales, ofreciendo alquileres de propiedades inexistentes. Cobraban sumas por adelantado y luego desaparecían.
Uno de los implicados, Andrés Grasso, condenado por doble homicidio, lideraba la organización desde la cárcel. Otros cómplices, como Jonathan Corbalan y Agustina Molina, también fueron identificados y detenidos. Se sospecha que un sargento jefe del servicio penitenciario, Rodolfo Coman, facilitaba las operaciones.
La modalidad incluía la clonación de cuentas de WhatsApp y el apoderamiento de datos personales para solicitar dinero a contactos de las víctimas. La policía allanó viviendas en San Justo y detuvo a varios implicados, incluyendo a quienes operaban desde el interior del penal.