En Bolivia, un estallido social se originó por la Ley 1720, que permitía el uso de pequeñas propiedades agrarias como garantía financiera. Los campesinos la interpretaron como una mercantilización de sus tierras, lo que provocó un fuerte rechazo y la posterior derogación de la ley por parte del presidente Rodrigo Paz.
El descontento se agrava por la escasez de dólares y la dificultad para conseguir combustible, generando largas filas en las estaciones de servicio y bloqueos. La tensión social se ve exacerbada por la situación de Evo Morales, quien tiene una orden de captura y no se presentó a un juicio por trata agravada de personas.