Las protestas en Bolivia se intensifican ante la escasez de dólares y combustible, generando largas colas en las gasolineras y bloqueos. El descontento generalizado se originó por la ley 1720, que permitía usar pequeñas propiedades agrarias como garantía financiera, interpretada por los campesinos como una mercantilización de sus tierras. A pesar de la derogación de la ley por parte del presidente Rodrigo Paz, la tensión persiste.
La figura de Evo Morales se encuentra en el centro de la crisis, con una orden de captura en su contra por no presentarse a un juicio por trata agravada de personas. Se le acusa de una relación con una menor embarazada, facilitada a cambio de favores políticos.