El gobierno peruano ha aprobado solicitar a la banca internacional una línea de crédito de 2 mil millones de dólares para Petro Perú, con el fin de asegurar el suministro de combustibles en la Amazonía, región donde la empresa estatal abastece el 80% del mercado.
Esta medida ha generado polémica, ya que el respaldo estatal es interpretado como un rescate que podría afectar las arcas fiscales y el riesgo soberano. Analistas advierten que, si bien Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, este tipo de operaciones presiona el déficit fiscal, el costo de financiamiento y, sobre todo, la credibilidad institucional.
En un contexto global de tasas elevadas y menor tolerancia a los riesgos de los mercados emergentes, endeudar indirectamente al Estado para sostener una empresa con problemas estructurales podría generar una carga sobre la disciplina fiscal a largo plazo.