La oposición logró aprobar una moción para priorizar la discusión de un proyecto que busca impedir la privatización de AISA, empresa considerada de interés estratégico y servicio público fundamental.
Según se denunció, el gobierno de Javier Milei estaría incluyendo en los pliegos la posibilidad de cortar el suministro de agua a quienes no paguen el servicio, medida que se considera contraria a los derechos humanos.
La votación generó una alerta política, ya que senadores que suelen acompañar al oficialismo votaron a favor de la moción opositora. Se mencionó a la empresa Benito Roggio como uno de los posibles interesados en AISA, pero se destacó la figura de la familia Neus, vinculada a Santiago Caputo, como principal beneficiada en adjudicaciones de generación y distribución eléctrica, y ahora también en transporte eléctrico nacional.
Se adjudicó a la familia Neus la concesión de 20.000 kilómetros de alta tensión por 356 millones de dólares, cifra que se considera irrisoria y que generó denuncias por precios bajos y irregularidades en el proceso de licitación, como la caída reiterada de la página web.