Bolivia atraviesa una crisis de alta tensión política, marcada por los bloqueos de rutas y la inestabilidad institucional. La situación se agrava por las acusaciones contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta 107 cargos, incluyendo vínculos con una menor, y se niega a presentarse ante la justicia.
Morales denuncia persecución política y acusa al gobierno de Rodrigo Paz de espiar a los ciudadanos, comparando los métodos con los nazis. Por su parte, el gobierno de Paz busca mantener el orden y asegurar el abastecimiento, enfrentando bloqueos en 22 de los 24 cortes de ruta activos, concentrados en La Paz y El Alto.
El periodista Juan Carlos Arana Jiménez describe la situación como un "asedio de Morales" con un "propósito estratégico y político", sugiriendo que hay intereses económicos y de narcotráfico detrás de la movilización. Se mencionan detenciones de figuras del narcotráfico como el segundo del Comando Vermelho y Sebastián Marset, así como la incautación de drogas y avionetas.
La crisis se intensifica con denuncias de que grupos armados colombianos estarían apoyando a las fuerzas paramilitares de Morales. Expertos señalan que la financiación de estos bloqueos y la violencia podría provenir del narcotráfico, con Evo Morales como rostro visible de un "monstruo más grande". Se cuestiona la independencia de la justicia boliviana y se advierte sobre el riesgo de que caiga la democracia en el país.