El uso de celulares en las cárceles bonaerenses, iniciado por un amparo colectivo durante la pandemia para mantener el contacto familiar y con abogados, se ha convertido en una herramienta para la extorsión y las estafas. Detrás del servicio penitenciario, los reclusos utilizan teléfonos ingresados legalmente y otros clandestinamente, incluyendo smartphones con triple cámara, para cometer delitos.
Las estafas se realizan haciéndose pasar por personas de empresas y solicitando dinero, a menudo obtenido mediante transferencias. Los fiscales advierten de la gravedad de la situación, que incluso puede llevar a amenazas de muerte. El informe revela que el costo para ingresar un teléfono a un pabellón común puede ser de entre 1 y 2 millones de pesos, y hasta 10 mil dólares en pabellones de máxima seguridad.
Se estima que hay más de 60 mil líneas de teléfonos celulares legales en las cárceles bonaerenses, sin contar las clandestinas. El ministro de Justicia, Juan Martín Mena, tiene la decisión de revertir esta situación, ya que la pandemia terminó y el uso indiscriminado de celulares continúa. El gobernador bonaerense, Julio Conte Grand, puede interponer un amparo para que la justicia intervenga si el ministro no actúa. El ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Maíquez, fue consultado para que la reforma del código penal incluya la "libertad digital".
La investigación de la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó con su arma reglamentaria, también se vincula con esta problemática. Se plantea la necesidad de implementar inhibidores de señales o determinar qué detenidos son de alto perfil para aislarlos, aunque la implementación de inhibidores puede generar problemas en las zonas aledañas. La posesión de teléfonos en prisión se ha convertido en un negocio, con presos que pagan sumas considerables para tenerlos, lo que indica un posible desinterés del sistema en erradicarlos.